Elección Corte de Constitucionalidad 2021: La madre de todas las batallas

Hemos visto cómo el proceso de elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones y Tribunales de similar categoría, se convirtió en una vergüenza nacional para los guatemaltecos de bien que aspiramos a un acceso universal a la justicia y para la certeza jurídica que tanto anhela el sector económico en términos de la atracción de inversión nacional y extranjera para la viabilidad comercial.  

El letargo en el que ahora ha entrado el Congreso de la República para elegir a estos Magistrados, deja entrever la dimensión politizada que adquirió el citado proceso. Pero en realidad, tampoco los fallos de la Corte de Constitucionalidad han sido afortunados y claros y, al final, pareciera que al incendio forestal ya ocasionado se le quisiera apagar con fuertes vientos en donde hicieron quedar a la Fiscal General entre la espada y la pared como bombera de un fuego no ocasionado por ella.

A este cuestionado proceso de elección de Magistrados, roto por todos los costados, solo se le ha venido parchando con retazos de ilegalidad, uno sobre otro. Esto va, desde la opinión consultiva no vinculante que tiene atados al cargo a los actuales Magistrados para “no caer en prolongación de funciones”, hasta el fallo que obliga al Ministerio Público a anticipar criterio de conductas delictivas al margen del acto de imputación que solo puede tener lugar en el escenario de una judicatura y en el marco de una primera declaración.

No deja de resultar curioso en este paisaje jurídico, uno de los fallos de la Corte de Constitucionalidad en el que los Magistrados constitucionales llegaron al colmo de exhortar a otros entes con iniciativa, a que intentasen una reforma constitucional al sector justicia; emitiendo ellos dicho fallo de 60 páginas en el que narran el drama del estado actual de la administración de justicia pero, especialmente, cuando como pleno de Magistrados de la CC son quienes también tienen iniciativa de reforma constitucional cualificada por ser los intérpretes del texto constitucional y productores de jurisprudencia.   

Con esta incertidumbre, se viene la madre de todas las batallas: La elección de la nueva Corte de Constitucionalidad que deberá tomar posesión en abril de 2021. Una nube de dudas le hará sombra a este nuevo proceso. Entre tales interrogantes se encuentra el nivel de legitimidad que tendrá la Corte Suprema de Justicia para designar un Magistrado a la CC y el punto al que el propio Congreso querrá llevar el asunto con este precedente de demora. Sin contar el nivel de desgaste que para el próximo año pueda tener el Consejo de Ministros dirigido por el Presidente para designar al propio representante. Este es pues el LeyMotiv de la cuestión, una elección que es vislumbra problemática.

Bien sabemos que la Corte de Constitucionalidad ha asentado una “jurisprudencia” muy cuestionable enarbolando la bandera de la utopías jurídicas como la figura del “autoamparo” así como altos niveles de tolerancia hacia ciertos actos al margen de la ley que sacrifican en el altar de la certeza jurídica y el Estado de Derecho la supuesta continuidad o no interrupción del giro de las instituciones estatales; prefiriendo con ello, conceder una especie de amnistía constitucionalista para que en aras de la viabilidad del Estado se perdonen las infracciones administrativas y solapar así sendos actos malintencionados por malos funcionarios dentro de la administración pública.   

Ante esos riesgos, la pregunta obligada que debemos hacernos es: ¿Habrá en el futuro algún fallo de la CC para prolongar una presidencia de la república o bien, un fallo para alcanzar o asumir de otras formas la presidencia de la nación? A este nivel de aberración jurídica nos han llevado las pugnas ideológicas y mercantilistas que luchan inescrupulosamente por hacerse con el poder de la justicia a toda costa y a cualquier precio. 

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