Blinken ataca por sorpresa a un aliado en Guatemala

Esta es una columna de opinión sobre Blinken y sus aberrantes declaraciones, escrita por MARY ANASTASIA O´GRADY del The Wall Street Journal.

¿Están los demócratas guardando rencor contra la fiscal general Porras?

La calamidad migratoria que estalló en la ciudad fronteriza de Del Rio, Texas, este mes es producto de la incompetencia burocrática. Pero la política del Partido Demócrata y la ideología progresista también han jugado un papel importante en el fomento de la crisis.

Cuando los demócratas estaban fuera del poder, sus denuncias de las políticas fronterizas del presidente Trump enviaron un mensaje a los migrantes de que los solicitantes de asilo serían bienvenidos si había un nuevo ocupante en la Casa Blanca. Fue una forma de acelerar la base para las elecciones presidenciales de 2020. También ayudó al candidato Joe Biden a conseguir la aceptación de facciones extremistas que buscaban derribar instituciones como la propiedad privada y el estado de derecho.

El lío fronterizo es solo el resultado más reciente de una estrategia que coloca la acumulación de poder de los demócratas por encima de la seguridad nacional. Volar por debajo del radar es otro proyecto preocupante de Biden: reanudar el esfuerzo, iniciado durante la administración Obama, para imponer el progresismo en Guatemala.

El 20 de septiembre, el secretario de Estado Antony Blinken acusó públicamente a la procuradora general guatemalteca María Consuelo Porras, sin aportar pruebas, de haber “obstruido las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales”.

Según el memorando de Blinken, la visa estadounidense de la Sra. Porras ha sido revocada. La oficina de la Sra. Porras me dijo que Estados Unidos nunca le informó personalmente de las acusaciones y que ella se enteró a través de un tweet del Sr. Blinken.

No hay ningún caso penal contra la Sra. Porras. De hecho, tiene una reputación estelar entre las fuerzas del orden de EE. UU. En junio, el director regional adjunto de la Administración Antidrogas para América Central, Miguel Madrigal, le entregó a la Sra. Porras un certificado de agradecimiento por su “dedicación y esfuerzo para ayudar a combatir el narcotráfico en Guatemala y su apoyo a las grandes investigaciones de la DEA”.

En febrero de 2020, Joseph D. Brown, el fiscal de Estados Unidos para el distrito este de Texas, reconoció su “compromiso con la justicia y la cooperación en investigaciones penales conjuntas entre” los dos países. Ese mismo mes el Departamento de Justicia le otorgó un premio en “reconocimiento a [su] apoyo a la Operación Escudo Regional”. Su oficina trabaja regularmente con la policía nacional para detener y extraditar a sospechosos de delitos transnacionales a los EE. UU. Y tiene una unidad dedicada, que trabaja con Seguridad Nacional, para combatir la trata de personas.

La Sra. Porras tiene un historial como una fiscal seria que intenta construir un estado de derecho independiente y transparente. Como parte de este esfuerzo, en agosto de 2020 solicitó a los tribunales que levantaran la inmunidad de 92 congresistas guatemaltecos (de ambos lados del pasillo), 13 miembros de la corte suprema y seis miembros de la corte constitucional. El mensaje de su oficina fue que nadie está por encima de la ley.

Entonces, ¿por qué Blinken está involucrado en lo que parece ser una difamación de esta respetada mente legal, que también es un aliado de Estados Unidos? Los estadounidenses no tienen forma de saberlo porque el gobierno de Estados Unidos retiene la evidencia. Pero sí sabemos que las ONG de izquierda en Washington, sus amigos dentro del Departamento de Estado y los miembros socialistas del Congreso le guardan rencor a la Sra. Porras.

El colonialismo de los demócratas hacia Guatemala sufrió un golpe en 2018, cuando el entonces presidente Jimmy Morales no renovó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, o CICIG. Se introdujo en el país en 2007 para investigar y desmantelar “fuerzas de seguridad ilícitas y organizaciones clandestinas” y otras redes delictivas. Pero cuando la izquierda —y los demócratas— se dieron cuenta de que la comisión podía usarse para encarcelar a cualquier adversario político, el debido proceso se fue por la ventana.

Después de que la CICIG se fue, la procuradora general Thelma Aldana, quien había respaldado la anarquía de la CICIG, huyó del país. El Congreso puso a la Sra. Porras en una lista corta de candidatos para el puesto y el Sr. Morales la eligió. En julio despidió al fiscal deshonesto Juan Francisco Sandoval, con motivo.

El señor Sandoval afirma que había estado investigando al presidente Alejandro Giammattei por corrupción y por eso fue despedido. Dijo a los medios que se llevó ese expediente cuando huyó del país y que se lo dio a funcionarios estadounidenses. El 24 de agosto, el New York Times informó que “el Departamento de Justicia ahora está investigando las acusaciones, según un funcionario estadounidense”. Le pedí a la Justicia que confirmara que recibió esos documentos del Sr. Sandoval. Emitió un escueto “sin más comentarios”.

Blinken se ha puesto del lado de Sandoval, cuyas acusaciones sugieren que Porras está protegiendo al presidente. Pero me dijo en una entrevista telefónica a principios de este mes que no tenía conocimiento de la investigación del Sr. Sandoval. Su oficina ahora ha lanzado su propia investigación sobre el presidente. Dado que el Sr. Sandoval robó los documentos, un delito grave en Guatemala, la Sra. Porras tiene que empezar de cero y demostrar su inocencia. Como en los viejos tiempos de la CICIG.

Si el Sr. Blinken tiene evidencia de que la Sra. Porras está encubriendo a un presidente corrupto, debería compartirla con los miembros del Congreso de manera bipartidista.

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